Jacob Aquino Muñoz
31 de julio de 2014
Como si se hubieran puesto de acuerdo, Chiapas y Puebla decretaron, hace unos meses, leyes estatales que permitían el uso de la fuerza pública para disolver manifestaciones sociales.
Bala-de-Goma-Puebla-300x200Puebla registró hace unos días una mala experiencia en la materia, cuando una bala de goma mató a un niño durante una manifestación. Esta situación tiene en una posición delicada al gobernador de esta entidad.
Para evitar la posible contaminación de la experiencia poblana, el gobierno chiapaneco está dando atrás a su decreto aprobado el 15 de mayo por el pleno del Congreso del estado de Chiapas, el cual establece el uso legítimo de la fuerza por las instituciones de Seguridad Pública del estado, generando un “protocolo” para someter y detener a presuntos criminales.
La aprobación de ese decreto en Chiapas fue realizada por 26 diputados que votaron a favor, cuatro en contra y uno se abstuvo de emitir voto sobre la Ley que se podría aplicar ante movimientos, disturbios y protestas sociales, y tenía la peculiaridad de legitimar el uso de armas a los cuerpos policiacos estatales ante estos movimientos sociales.
Pudo más la mala experiencia del gobernador poblano, que los reclamos de la ciudadanía chiapaneca y las recomendaciones de especialistas en la materia que se oponían a dicha legislación.
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