LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL RIESGO

Jacob Aquino Muñoz.

01 de octubre de 2013.

A nivel nacional existe una enorme polémica en torno a la actuación de las autoridades encargadas de la protección civil, en torno a los protocolos de alertamientos y prevención de los fenómenos meteorológicos que recientemente impactaron en nuestro país y causaron severos daños a la población.

La primera institución obligada a realizar un seguimiento constante de los fenómenos meteorológicos es la Comisión Nacional del Agua, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Con la información y los análisis que emite esta dependencia, que lo hace con la oportunidad y la claridad suficiente, los sistemas de protección civil de los tres niveles de gobierno, deben actuar en consecuencia.

Además de la información que brinda el SMN, los sistemas de protección civil, como el de Chiapas, realizan análisis más exhaustivos de la información meteorológica, para conocer anticipadamente los posibles riesgos y daños que se puedan generar a nivel estatal, regional o municipal.

Con esa información, es obligación de los sistemas de protección civil tomar las decisiones destinadas a proteger la vida de las personas en primera instancia y las de sus bienes en la medida de lo posible. En este nivel de actuación se concentran las críticas actuales.

Cuando se presentan las posibilidades de una emergencia, lo único que se hace en este país, es movilizar a las personas a zonas más seguras y darles cobijo y atención en ellas. En los Estados Unidos, por ejemplo, esta evacuación de personas se genera de una manera forzada y generalizada, las ciudades quedan completamente vacías y los ciudadanos se mueven por sus propios medios a otras zonas más seguras.

Lamentablemente, vimos que en Acapulco y en otras ciudades del país, no se realizó ni siquiera el debido alertamiento a la población, mucho menos las acciones de las autoridades para evacuar a la población hacia zonas más seguras. La participación de las autoridades se empezó a dar cuando la gente ya tenía el agua hasta el cuello y los cocodrilos estaban nadando en las calles.

Cuando se presenta algún fenómeno destructivo en nuestro país, lo primero que aflora es la forma en que la sociedad construye socialmente el riesgo, a través del crecimiento urbano desordenado, la pésima calidad con que se edifican las infraestructuras públicas, principalmente, las de comunicaciones y transportes y la ubicación de poblados en zonas de riesgo. 

Dice el dicho que cuando la culpa es de todos, la responsabilidad es de nadie. Así sucedió recientemente en Acapulco, donde afloraron todas las peores conductas humanas para hacer un desarrollo urbano de la peor calidad. Todos, autoridades y ciudadanos, construyeron socialmente ese riesgo, pero nadie asumirá sus responsabilidades. Lo más fácil es echarle la culpa a otros o a otras circunstancias. 

Por eso se ha desarrollado la gran andanada de críticas hacia las autoridades encargadas de dar los alertamientos de la presencia de los fenómenos destructivos, en este caso, hacia la Secretaría de Gobernación y el Sistema Nacional de Protección Civil.

Después de los días de lluvias intensas, ahora se ha desatado un diluvio de lodo hacia las autoridades, especialmente, hacia el titular del Sistema Nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, a quien acusan de inexperiencia en la materia. De seguir esta andanada de críticas, este funcionario quizá sea muy pronto un damnificado más.

La construcción social del riesgo no solamente está presente en Acapulco, está latente en todas las ciudades del país donde el crecimiento urbano desordenado es algo que las une y las identifica. Ninguna se salva del riesgo, todas explican sus catástrofes a través de ordenamientos de terrenos irregulares.

En Tuxtla Gutiérrez también se tiene ese grave problema. Aun cuando las normatividad de construcción de viviendas y de infraestructuras es cada vez más rigurosa, todos, autoridades y ciudadanos, hacen lo posible para evadir las leyes en la materia.

En la edificación de los muros de contención del río Sabinal que se realizaron en el sexenio pasado, podemos ver lo más excelso de la evasión de las normas de construcción. Ninguna de las obras realizadas cuenta con los permisos de las autoridades correspondientes. Ninguna autoridad ejerció sus atribuciones para detenerlas, corregirlas o sancionarlas. Aquí la culpa la tiene tanto en que mata la vaca como el que le jala la pata.

En el fraccionamiento 6 de Junio de Tuxtla Gutiérrez, donde hace unos días resultaron afectadas varias viviendas por deslizamiento de ladera, es otro ejemplo de la construcción social del riesgo. No sabemos y probablemente nunca lo sabremos, es quién inició la edificación de ese fraccionamiento en esa zona de riesgo y quién fue el funcionario público que dio su autorización, para edificarlo.

No habrá responsabilidades para nadie. Lo que si habrá y mucho, son recursos públicos para reparar esas omisiones.

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